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Français (Afrique)El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó este miércoles que la definición sobre la Ley 1720 corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
La autoridad explicó que el Órgano Ejecutivo no tiene atribuciones para abrogar la norma cuestionada por organizaciones campesinas e indígenas.
“Abrogar una ley corresponde al poder Legislativo”, sostuvo la autoridad en entrevista con El Deber.
Ley 1720
La Ley 1720 fue promulgada el 10 de abril de 2026 y autoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas.
La norma busca facilitar el acceso de pequeños productores a créditos bancarios y mecanismos de modernización productiva.
Lupo recordó que el proyecto fue debatido y aprobado inicialmente dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Esta ley nació en la Asamblea y se aprobó en la Asamblea”, señaló durante una entrevista con el diario El Deber.
El ministro sostuvo que el espíritu central de la norma debe mantenerse pese al debate generado en distintos sectores sociales.
José Luis Lupo
“El objetivo de la ley debe continuar, porque permite que la tierra se convierta en un activo para acceder a créditos”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que existe la necesidad de abrir un proceso de mayor socialización y consenso sobre el contenido de la norma.
Lupo planteó la posibilidad de construir una nueva ley que preserve los objetivos originales, pero incorpore observaciones de distintos actores.
“La idea es elaborar una nueva norma con el mismo espíritu, pero con mayor socialización”, sostuvo.
Acuerdo
El tema forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Sectores indígenas del oriente también exigieron la abrogación de la ley mediante movilizaciones y marchas hacia la sede de gobierno.
El debate sobre la Ley 1720 abrió un nuevo frente de tensión entre organizaciones campesinas y sectores productivos del país.
Mientras los campesinos impulsan su eliminación, el sector agropecuario advierte con movilizaciones si la norma es anulada.
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